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La Audiencia Provincial de Oviedo juzgará a los cuatro acusados de la muerte de Javier Ardines tras ordenarse la apertura de juicio oral

Sucesos
La Audiencia Provincial de Oviedo juzgará a los cuatro acusados de la muerte de Javier Ardines tras ordenarse la apertura de juicio oral

La juez de Llanes ha acordado la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados de matar al concejal de IU Javier Ardines, a los que impone el pago de una fianza solidaria de 533.000 euros por su presunta autoría de un delito de asesinato por el que la Fiscalía solicitará una pena individual de 25 años de prisión.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llanes dictó este jueves un auto por el que acuerda la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados de matar al concejal, el 16 de agosto de 2018, en la parroquia llanisca Belmonte de Pría.

Los cuatro acusados son Pedro L.N.A., amigo de la víctima, como inductor; M.K. y D.B., dos presuntos sicarios de nacionalidad argelina como coautores, y J.M.B., presunto intermediario, como cooperador necesario.

La jueza también ha dictado otro auto denegando la libertad solicitada por la representación de M. K, el investigado que fue entregado en su día por las autoridades suizas.

El caso será juzgado por un tribunal del jurado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo en una fecha aún por determinar.

La juez pide en el auto, que es firme, que se libre oficio a las cárceles de Asturias, León, El Dueso y Araba-Álava, donde están ingresados los dos presuntos sicarios, el intermediario y el inductor del crimen, respectivamente, para comunicarles que, a partir de ahora, quedan a disposición de la Audiencia Provincial de Asturias.

El jurado tendrá que dirimir si, tal y como relata la Fiscalía, dos ciudadanos argelinos mataron al edil tras aceptar el encargo que hizo el presunto inductor del crimen, Pedro Luis N.A., al descubrir que su esposa mantenía con el concejal una relación extramatrimonial desde hacía 30 años “encubierta y paralela” a la de sus respectivas parejas.

Pedro Luis N.A. descubrió la relación en diciembre de 2017 y empezó a visitar tiendas online de videovigilancia, dispositivos de seguimiento de vehículos, así como de realización de pruebas de ADN para confirmar su paternidad y aunque suplicó a su mujer que dejara al edil, ésta continuó adelante con la relación, según consta en el auto.

Esta situación llevó a Pedro Luis N. A., según la juez, a decidir “acabar con la vida” de Ardines en julio de 2018 y contactó con J.M.B. para que le buscase a las personas que pudieran actuar como sicarios a cambio de dinero.

Una vez pactado el precio, el 27 de julio tanto Pedro L.N.A. como J.M.B. viajaron con uno de los sicarios a Belmonte de Pría para enseñarle la zona y darle las indicaciones necesarias para llevar a cabo una emboscada en una zona rural aislada en la que vivía el concejal.

En la madrugada del 1 de agosto, los dos sicarios colocaron una valla metálica de obra en un camino por el que debía pasar Ardines a primera hora de la mañana.

A las 6 de la mañana, el concejal se encontró con la valla, pero pudo sortearla y continuar la marcha con su vehículo, tras lo cual uno de los sicarios expresó sus reticencias a ejecutar el plan.

Sin embargo, Pedro L.N.A ofreció más dinero a cambio de intentarlo de nuevo una vez finalizadas las fiestas locales para evitar la presencia de gente.

Así, los dos sicarios volvieron al lugar en la madrugada del 16 de agosto y en esta ocasión colocaron dos vallas para impedir el paso del vehículo y obligar a Javier Ardines a bajarse del vehículo, lo que ocurrió en torno a las 6 de la mañana.

Los dos sicarios, que permanecían escondidos junto a un muro, le atacaron primero con un espray de pimienta y después le golpearon la cabeza con un palo o un bate de béisbol y le estrangularon hasta acabar con su vida, según detalla el auto al igual que el escrito de calificación del Ministerio Público.

El crimen de Ardines exigió una compleja investigación que dio lugar a las detenciones de los presuntos implicados seis meses después del asesinato.

La Fiscalía solicita una pena individual de 25 años de prisión para cada acusado y el pago de una indemnización de 130.000 euros a la viuda de Ardines, 30.000 euros al hijo y otros 25.000 a la hija.

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