El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha advertido hoy en el pleno de la Junta General que, si no se reconducen los problemas de convivencia detectados en cualquier promoción o comunidad de vivienda pública se adoptarán medidas que podrán afectar a la renovación de los contratos de aquellas personas que incumplan las obligaciones asociadas al uso de vivienda pública.
Zapico contestaba a una pregunta relacionada con las viviendas de El Agüil, en Salinas (Castrillón), pero su respuesta la hizo extensiva a todas las viviendas que alquila Vipasa. En primer lugar, reconoció la existencia de una problemática en ese lugar y a continuación subrayó que no se trata de una situación aislada ni exclusiva de esta promoción, “sino de una realidad en distintos enclaves del parque público de vivienda sobre la que el Gobierno del Principado ya viene actuando para buscar soluciones”.
En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo trabaja sobre casos concretos mediante un seguimiento individualizado, en coordinación con los servicios sociales municipales y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre dentro del marco competencial de cada administración. “Hay problemas que hay que abordar y casos concretos que hay que atajar”, ha admitido.
Durante el debate parlamentario, el titular de Derechos Ciudadanos ha situado la cuestión en el necesario equilibrio entre derechos y obligaciones, un principio que, ha defendido, debe aplicarse en todas las promociones públicas de vivienda en Asturias. “La vivienda es un derecho, pero la convivencia es un deber”, ha afirmado, para remarcar que el acceso a un piso público no puede desligarse del cumplimiento de responsabilidades. Así, ha alertado de que “ningún derecho puede desligarse del cumplimiento de obligaciones” y ha añadido que este criterio será aplicable en cualquier punto del parque público en el que se produzcan situaciones similares.
Uno de esos puntos está ubicado en Nueva de Llanes, en la comunidad de vecinos del cuartel, donde varias familias que allí residen desde hace casi 24 años han denunciado los problemas de convivencia que genera uno de los inquilinos, además de los problemas que tienen que soportar como consecuencia de dos viviendas que permanecen ocupadas de forma ilegal. Como consecuencia, las basuras campan por las zonas comunes y el deterioro del edificio es más que visible.
Zapico añadió que las personas adjudicatarias de este tipo de vivienda tienen derecho a vivir en inmuebles públicos en condiciones dignas y sin estigmatización, pero también el deber de hacerlo dentro de un marco de convivencia exigible.
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