El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº1 de Oviedo, del pasado 31 de julio, que daba la razón al Ayuntamiento de Ribadesella, tras la denuncia que interpuso Pueblu-Convocatoria por Ribeseya en 2023 contra la contratación de una trabajadora para el puesto de personal eventual de auxiliar de alcaldía. La sentencia del TSJA fue dictada el pasado martes, 27 de enero.
Pueblu denunció en 2023 la supuesta ilegalidad de la contratación del puesto de auxiliar de alcaldía contratada el 1 de septiembre de ese mismo año, al considerar que debería ir precedida de un acuerdo plenario adoptado al inicio de este mandato. Tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como el TSJA, han sentenciado que el ayuntamiento obró bien, y conforme a derecho.
La justicia ha ratificado por segunda vez que la contratación fue conforme a derecho basándose en que el puesto está incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también aprobada por el Pleno, donde se detallan las características y retribuciones del puesto sobradamente, por lo que considera suficiente el control plenario sobre el personal eventual, puesto que en la RPT no precisa modificación en orden al nombramiento de una persona para cubrirlo.
La secretaría general del Ayuntamiento informó el nombramiento y en noviembre de 2023 también informó de que la intervención del Pleno sólo es necesaria en caso de que se modifiquen las características del puesto reflejadas en el RPT, algo que en el nombramiento actual no tuvo lugar, manteniéndose las características y retribuciones recogidas en el documento.
Una vez incluido en el puesto en la RPT aprobada en Pleno, y según el artículo 104.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el nombramiento y cese del personal de confianza es libre y corresponde al alcalde. Por todo ello el TSJA confirma la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nº 1 de Oviedo y desestima el recurso interpuesto por Pueblu al procedimiento de contratación de esta trabajadora.
“Queda demostrado que el Ayuntamiento de Ribadesella realizó la contratación conforme a derecho. Es lamentable que Pueblu, en este caso, se haya olvidado de los derechos de los trabajadores y que haya obligado al ayuntamiento a emplear medios y recursos públicos, por perseguir fines políticos”, dijo el alcalde, Paulo García. Contra la resolución del TSJ cabe la interposición de un recurso de Casación en los próximos 30 días.
