
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) investiga el hallazgo de dos cabezas de lobo en las escaleras que dan acceso al Ayuntamiento de Ponga, en San Juan de Beleño, donde este viernes se ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno del Principado.
Según han confirmado el Instituto Armado, las dos cabezas han sido halladas sobre las 7:00 horas frente al consistorio, horas antes de la llegada del presidente del Principado, Adrián Barbón, y los consejeros de su Ejecutivo, para mantener el encuentro semanal del Gobierno asturiano.
Barbón ha mostrado su «condena rotunda y radical» ante unos hechos que ha calificado de delictivos y que responden a acciones radicales que en ningún caso defiende el Ejecutivo, que apuesta por su plan de gestión de la especie.
«Cualquier expresión de malestar es respetable, siempre que no se traspasen los límites de la violencia», ha subrayado.
Por su parte, la Coordinadora Ecologista de Asturias ha mostrado su rechazo «contundente» ante este hecho y ha recordado que «no es la primera» que se producen «estas brutales acciones de violencia».
Según ha apuntado, son actos que gozan de una «alarmante impunidad» y de «falta de persecución y hasta de justificación por quienes ostentando cargos públicos»
COMUNICADO GOBIERNO.- El hecho ha propiciado la publicación de un comunicado por parte del Ejecutivo. El Gobierno de Asturias condena de forma rotunda los actos vinculados a un delito medioambiental en el concejo de Ponga, donde esta mañana han sido hallados los restos de dos lobos.
Agentes de la Guardería del Medio Natural han colaborado con el Seprona, el organismo encargado de la investigación, en la recogida y posterior traslado de los restos a un centro donde se realizará la pertinente necropsia.
Por su parte, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha activado un dispositivo especial de vigilancia en la zona, ha informado el Gobierno autonómico.
El Principado recuerda que abatir un lobo ibérico es un delito medioambiental sancionado en la legislación vigente con multas de hasta dos millones. En caso de incurrir en infracción penal, la pena puede llegar a los dos años de cárcel.
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