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Educación vuelve a defender el procedimiento del IES de Ribadesella con el manifiesto 8M

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Educación vuelve a defender el procedimiento del IES de Ribadesella con el manifiesto 8M

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha calificado como correcto el procedimiento seguido en el IES Avelina Cerra de Ribadesella ante la jornada reivindicativa del 8-M, como «lo avala» la Comisión de Convivencia, el Consejo Escolar, la Junta de Delegados y el informe de Inspección.

En su comparecencia en la Comisión de Educación de la Junta General, ha conminado a aquellos partidos que entiendan que el procedimiento fue «inconstitucional» a denunciarlo ante la Fiscalía pero «no atacar» al equipo directivo.

Ha dicho que no comparte «el fondo ni las formas» del manifiesto redactado por el Sindicato Estudiantil con motivo de la celebración del 8-M, algo que «no concuerda nada» con su persona ni con la Consejería.

Así, ha rechazado el texto que recoge: «El integrismo católico, el PP y la extrema derecha de Vox siguen esparciendo el veneno de la LTGBIfobia y el machismo gracias a la cobertura política que les otorga el régimen del 78, y eso se traduce en una escalada de agresiones físicas, incluso asesinatos por nuestra orientación sexual, que quedan impunes».

La titular de Educación ha apostado por fomentar en los alumnos el «espíritu crítico», y ha apuntado que aplicar «la censura previa es un papel muy complicado para los docentes» y un «poco antidemocrático».

En relación a la correcta actuación del equipo directivo del instituto de educación secundaria Avelina Cerra, ha mencionado el respaldo recibido por la Junta de Delegados al suscribir que ninguno de los integrantes del cuadro de gobierno «ha incitado o impuesto su punto de vista» respecto a la huelga del 8-M, y que en ningún momento se les «han obligado a leer el manifiesto con el objetivo de ofender a ningún grupo social».

Respecto al manifiesto, sobre el que la Consejería no aplicó «censura previa», precisó que llegó el 15 del pasado mes de febrero por correo electrónico a los centros educativos junto a otros documentos con una amplio texto explicativo sobre la convocatoria de huelga y también se adjuntaba el comunicado de la Confederación Estatal de Asociaciones Estudiantiles.

La convocatoria fue respaldado por el 78,17 por ciento del alumnado y el 8 de marzo asistieron a clase 28 alumnos, que fueron «debidamente atendidos en una jornada que transcurrió con normalidad», y solo una familia contactó con el centro para informarse antes del 8-M, ha dicho.

Espina, que ha afirmado que la Consejería «no fiscaliza», sin que eso implique que se «ponga de perfil», ha detallado que ante la gravedad de las acusaciones formuladas por el PP solicitó información y en 24 horas dispuso de un «detallado» informe de la Inspección Educativa, con una respuesta «clara y unánime» de todos los órganos de representación, que avalan el procedimiento del equipo directivo.

En opinión de la titular de Educación, el PP realiza acusaciones «muy serias» al formular una denuncia que «apunta directamente» contra docentes no contra el manifiesto, ni denuncia tampoco a los autores por el contenido, y lo que hace es «cargar contra el profesorado» del centro.

La parlamentaria popular Gloria García, que ha revelado tener la sensación de que haber leído una «norma distinta», ha reiterado que «no se cumplió» el procedimiento porque no se da una «discrepancia colectiva» y ha lamentado la «falta de respeto» a las personas y las instituciones en las que incurre el contenido del manifiesto.

«No estoy pidiendo que se crucifique a nadie, sino que se exijan responsabilidades en tanto en cuanto no se ha cumplido la norma», ha dicho García en referencia al contenido del decreto de derechos y deberes.

El parlamentario de Foro Adrián Pumares ha expresado la «oposición rotunda» a la «absoluta barbaridad» que se leyó en el IES de Ridadesella, en el que ha señalado como relevante ver si se cumplió la norma y si se deberían implementar mecanismos en los protocolos para evitar cuestiones como la que se está debatiendo.

Para la diputada de IU Ángela Vallina es un «error» traer el tema a la Junta General porque son jóvenes con una opinión «crítica, guste o no», y ha acusado al PP de querer «censurar».

La parlamentaria de Podemos Nuria Rodríguez, que ha calificado de «inaudito e intolerable» que en Asturias se produzcan agresiones homófobas que los jóvenes ven, ha concluido: «Verbalizarlo no es ninguna barbaridad, lo que es una barbaridad es que se haga, y que haya partidos que lo toleren».

En opinión del diputado de Cs Luis Carlos Fanjul hay que distinguir entre «la forma y el fondo», sobre el que ha sostenido que todos los grupos son coincidentes en que «no fue el correcto», y cuyo debate a quien «más perjudica» es a la escuela pública.

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