La carretera del Faro quedará fuera del inventario de vías y caminos municipales del concejo de Ribadesella si al final prospera el expediente de rectificación abierto por el Ayuntamiento para aclarar su titularidad. Se trata de un expediente de modificación que pretende sacar la carretera del mencionado inventario, tras comprobar que no existe ningún documento, ningún acto administrativo que demuestre su cesión al municipio. La propuesta iniciaba este viernes un período de información pública de un mes para la presentación de alegaciones.
El Ayuntamiento de Ribadesella considera que la titularidad de la carretera es de la Autoridad Portuaria de Gijón, actual propietaria del faro. Según los datos que maneja el Consistorio, tanto el edificio como la carretera se construyeron a la vez por la misma administración pública, aunque con el paso del tiempo, “por la razón que sea, se inscribió en el inventario de caminos por la costumbre del uso y porque nadie la reclamaba”, explicó el alcalde Ramón Canal.
Sin embargo, a raíz de una reclamación patrimonial emprendida por la comunidad de propietarios de la urbanización Sella Mar, el Ayuntamiento revisó toda la documentación “y llegamos a la conclusión de que no es nuestra, así que poco podemos pleitear en esta causa cuando no nos pertenece”, añadió el regidor. Con el inicio del expediente de rectificación mencionado, el Consistorio abre las puertas a que cualquier persona o entidad pueda demostrar con documentos la cesión del vial al municipio de Ribadesella. Si nadie lo hace, la carretera saldrá del inventario municipal.
La demanda patrimonial emprendida por la comunidad de propietarios Sella Mar tiene que ver con la construcción de varias escolleras de contención en la ladera de la carretera, como consecuencia del desprendimiento detectado en enero de 2019. La propiedad quiere que el Ayuntamiento de Ribadesella asuma el coste de esos trabajos, pero el Consistorio no piensa hacerlo salvo que alguien acredite con documentos que la carretera es municipal. No obstante, tras aquel argayu, el Ayuntamiento invirtió 85.500 euros para reparar los hundimientos de la calzada y abrirla al tráfico, ya que se había quedado cerrada. Una obra que, según Canal, “se hizo con buen criterio porque estaba en el inventario y se entendía que era nuestra, pero ahora estamos en una segunda parte que debemos aclarar a través de este expediente”.
El mencionado desprendimiento se produjo el 23 de enero de 2019, obligando a cortar la carretera y a ordenar por vía ejecutiva el desalojo de una treintena de chalets pertenecientes a la urbanización Sella Mar. Poco después, el 19 de marzo, el Ayuntamiento de Ribadesella iniciaba las obras de acondicionamiento del vial, trabajos que finalizaron el catorce de mayo. A partir de aquí, la comunidad de propietarios inició la construcción de las mencionadas escolleras y en el mes de julio era levantada la orden ejecutiva de desalojo que aún pesaba sobre las treinta viviendas desocupadas. A continuación se presentó la reclamación patrimonial que ha desembocada en este expediente.
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