El Partido Popular de Colunga ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la Resolución de Alcaldía Nº 102, de 30 de enero de 2026, por la que se concede licencia para la construcción de 30 viviendas de protección pública en la UE-CL-23 (Finca de La Posesión).
En un comunicado, los ediles del grupo municipal conservador aclaran que están a favor de la vivienda pública y del desarrollo urbanístico ordenado del concejo. “Lo que no podemos aceptar es que se haga vulnerando un convenio en vigor, alterando acuerdos plenarios y perjudicando gravemente los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Colunga”, añaden.
El convenio firmado en mayo de 2022 establecía “con total claridad” que, a cambio de la cesión gratuita de dos parcelas municipales al Principado, el Ayuntamiento recibiría la posesión y uso de los bajos comerciales de los edificios para destino dotacional público. “Esa contraprestación era esencial para justificar la cesión del suelo municipal”, afirma el PP.
Sin embargo, la licencia otorgada reduce esa contraprestación a un único local de 190 metros cuadrados, cuando los bajos de ambas edificaciones, conforme al planeamiento vigente, superarían ampliamente los 1.000 metros cuadrados. “Estamos ante una reducción drástica y unilateral que supone una pérdida evidente de patrimonio municipal”, añaden.
Además, la modificación del convenio fue intentada mediante una adenda que no obtuvo la mayoría absoluta exigida por ley en el Pleno municipal. A pesar de ello, la licencia consolida en la práctica los efectos de esa modificación no aprobada. “Esto constituye, a nuestro juicio, una grave irregularidad procedimental y una vulneración del principio de legalidad”, dice el PP.
A ello se suma que el Pleno acordó exigir aval bancario para garantizar la urbanización, conforme al artículo 217 del ROTU, y sin embargo la licencia sustituye ese aval por una interpretación más flexible de las garantías, apartándose del criterio plenario.
“La licencia urbanística es un acto reglado. No es una decisión política discrecional. Si el proyecto no se ajusta al convenio vigente, al planeamiento y a los acuerdos del Pleno, debe ser denegada. La Administración no puede reinterpretar a su conveniencia obligaciones esenciales previamente pactadas”.
El PP espera que el equipo de gobierno rectifique y revoque esa licencia que, de consolidarse, generaría una merma patrimonial importante y posibles responsabilidades futuras para el Ayuntamiento. Pide respeto respeto a la ley y al interés general.
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