La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha presentado una denuncia por “infracción urbanística grave” contra el Ayuntamiento de Parres por los rellenos que se están realizando en Santianes del Terrón, en las inmediaciones de Arriondas.
El colectivo conservacionista ha solicitado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias el “restablecimiento de la legalidad urbanística y la paralización inmediata de obras y usos no autorizados” en ese lugar. Se están realizando movimientos de tierras y rellenos en una finca situada entre la urbanización de Santianes del Terron y la circunvalación de Arriondes de la N-634 “para hacer un parking de pago, en una parcela de 4500 m2”. Además, en unos terrenos que se encuentran clasificados por el planeamiento municipal vigente como Zona Verde”, explica la Coordinadora en un comunicado.
Según afirma, estos trabajos “carecen de la preceptiva licencia urbanística municipal que los ampare, siendo en cualquier caso usos y construcciones prohibidas dada la naturaleza y clasificación del suelo afectado, por lo que resultan incompatibles con el ordenamiento jurídico”.
A pesar de la “flagrante ilegalidad” de estas actuaciones, la Coordinadora asegura que el Ayuntamiento de Parres “ha mostrado inactividad en sus deberes de inspección y protección de la legalidad, no habiendo procedido a la paralización de dichas obras pese a las denuncias efectuadas”.
También carece de los permisos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, “al afectar a la zona de 100 m de policía del río Piloña”; de los permisos de la Consejería de Medio Rural, “al afectar al final de la misma a la zona ZEC del rio Sella”; de los permisos de Carreteras, “al afectar a las orillas de la carretera nacional N-634 tiene una zona de afecciones de 50 m a cada lado y no tienen permiso”, añaden.
Por todo ello, la Coordinadora Ecoloxista ha solicitado a la Comisión de Urbanismo de Asturias que se proceda a advertir y requerir formalmente al Ayuntamiento de Parres para que, en el cumplimiento de sus competencias, dicte y ejecute la orden de paralización inmediata de las obras y usos denunciados en el plazo máximo de un mes.
Subsidiariamente, y para el supuesto de que el Ayuntamiento mantenga su inactividad o las obras continúen transcurrido dicho plazo, pide la actuación e intervención de la Consejería “adoptando las medidas disciplinarias necesarias para hacer efectiva la paralización de las actuaciones, restituyendo la realidad física alterada en una zona catalogada como verde”.
