La alcaldesa de Colunga, la socialista Sandra Cuesta, ve complicada la instalación de cámaras de seguridad en las zonas afectadas por la reciente oleada de robos, tal y como pide el PP y los vecinos afectados. El motivo, las exigencias establecidas en la Ley de Protección de Datos, “ya que nosotros no tenemos capacidad suficiente para gestionar determinadas imágenes y garantizar su seguridad, aunque tampoco lo descartamos”, dijo. También cree que, para llevar a cabo su instalación, habría que contar con la autorización de la Delegación de Gobierno.
Por ese motivo, prefiere dejar este asunto “en manos de los profesionales”, en manos de la Guardia Civi, que es la que está investigando los robos. Todo apunta a que se trata de una banda organizada que está operando en varios municipios del litoral centro-oriental. “La Comandancia ha reforzado la presencia policial en la zona y en el Ayuntamiento nos ponemos a su entera disposición para trabajar de manera conjunta con ellos”, añadió la alcaldesa.
Por otro lado, Cuesta confirmó que, a lo largo de este año, se repondrá el alumbrado público en la zona afectada, sin servicio después del robo de cobre perpetrado el pasado verano. Un robo que el Ayuntamiento había valorado en alrededor de 30.000 euros y cuyo presunto autor ya fue detenido y puesto a disposición judicial. El juicio se celebrará en breve y el Ayuntamiento de Colunga se ha personado como acusación particular.
En paralelo, el Consistorio ya tiene los proyectos para recuperar el alumbrado público en esas zonas. La actuación se ejecutará en cuanto el equipo de Gobierno tenga acceso al remanente de tesorería, “pero hay que recordar que quien ahora reclama su instalación primero votó en contra de los presupuestos”, respondió la regidora al portavoz del Partido Popular. También confirmó que en el proyecto municipal no se han incluidos las urbanizaciones privadas.
Para hablar de todos estos temas, Sandra Cuesta ha convocado una reunión con los vecinos para las seis de la tarde del jueves 24 de febrero, reunión a la que también ha invitado a un representante de la Comandancia de la Guardia Civil. También aclaró que hasta el día de hoy “ningún vecino se ha puesto en contacto conmigo, no he recibido ninguna llamada al respecto”. Lo único que llegó a su despacho es la petición realizada por el portavoz del Partido Popular y vecino de la zona afectada, Justino Pérez, a quien acusó de “estar generando una alarma social con fines políticos”.
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