El lobo dejará de ser especie cinegética a partir de mañana tras la publicación de la Orden que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), con el fin de incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico (Canis lupus) de España.
Dicha orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con entrada en vigor desde mañana 22 de septiembre, establece dos disposiciones adicionales: una de ellas referida a que la captura de ejemplares, fijada con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, podrá seguir aplicándose si cuenta con una autorización de las autoridades autonómicas.
La orden ministerial ha recibido el aval del Consejo de Estado que, después de haber estudiado las alegaciones de conservacionistas y comunidades autónomas, ha considerado que la decisión de incluir al lobo en el LESPRE está suficientemente motivada y responde al principio de precaución, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Gobierno del Principado recurrirá «con toda la contundencia» la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al considerar que genera «inseguridad jurídica» para la aplicación del plan de gestión autonómico.
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, ha advertido de que esta catalogación «introduce una incertidumbre que hace prácticamente inviable la realización de controles» de la especie.
Por ello, de forma paralela a la presentación del recurso, el Principado pedirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que concrete «el impacto directo» que tendrá esta medida sobre el plan de gestión autonómico para el periodo 2021-2022.
Calvo ha defendido dicho plan de gestión, se basa en «análisis rigurosos de los censos de la especie» e incluye medidas preventivas de los daños causados por la especie en la ganadería, pero también cuenta con la posibilidad de realizar controles poblacionales «cuando los daños son recurrentes y no hay otra alternativa».
«El lobo no se caza en Asturias, lo que hacemos es gestionar la especie para favorecer la convivencia con la ganadería extensiva», ha defendido el consejero asturiano, para quien la catalogación previa a la renovación de la estrategia nacional «es un error porque genera inseguridad sobre la posibilidad de seguir gestionando».
Calvo, quien ha afirmado que en otras especies se ha hecho una moratoria durante años para poder adaptar las herramientas de gestión, ha insistido en que Asturias seguirá defendiendo su marco de gestión porque, aunque mejorable, ha sido «útil para este fino equilibrio entre la conservación de la especie y el daño a la ganadería».
El Plan de Actuaciones de Control del Lobo para el periodo 2021-2022, aprobado el pasado mes de julio, establecía la posibilidad de abatir hasta 32 ejemplares en 18 meses, uno más de los extraídos durante el anterior programa bianual de actuaciones, que finalmente se prolongó hasta la primera mitad del presente ejercicio y que autorizaba un máximo de 42 extracciones.
Por su parte, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han acusado este martes al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), mientras que Unión de Uniones ha lamentado que la protección se haga a costa del «ninguneo» de los productores.
En un comunicado conjunto, Asaja, COAG y UPA han criticado que el Ejecutivo haya «incumplido» su compromiso con ellas y haya tomado una medida «urbanita e irresponsable, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural».
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