El Ayuntamiento de Ribadesella ha rescindido el contrato energético que mantiene en vigor con Elecnor desde hace nueve años. El contrato, firmado en 2014 para un período de diez años, incluye el mantenimiento del alumbrado público y la gestión del consumo energético municipal. Este último apartado es el que lo ha hecho saltar por los aires. La fórmula establecida en el contrato, en el que la empresa cobra mas cuanto menor sea el consumo, unida a la subida de los costes energéticos de los últimos meses elevó el gasto a niveles “inasumibles” para las arcas municipales. Ese contrato comenzó en 326.000 euros anuales y se multiplicó por tres en el último ejercicio, situándose por encima de los novecientos mil euros.
Así, el Ayuntamiento de Ribadesella, de forma unilateral, decidía rescindirlo después de no llegar a un acuerdo con la empresa en un proceso de negociación iniciado en enero y en el que participó el exalcalde Ramón Canal. “Intentamos pactar una fórmula diferente, pero como no fue posible, decidimos rescindirlo después de pedir asesoramiento al Consejo Consultivo”, dijo Canal. Este órgano dio la razón al Ayuntamiento al entender que el contrato tal y como estaba establecido podía ser lesivo para los intereses municipales. Tras la rescisión, la empresa presentó un recurso el 23 de junio pasado, amparo que fue desestimado por unanimidad en el pleno del pasado miércoles. El asunto acabará en los tribunales, pero el Ayuntamiento entiende que cualquier indemnización futura siempre será menor que la factura correspondiente a la última actualización del servicio.
El Ayuntamiento tendrá que asumir la gestión o licitar de nuevo el contrato. Todo apunta a que este se dividirá en dos partes. El actual equipo de Gobierno, presidido por Paulo García (PP), se mostró favorable a contratar la factura de forma directa con alguna de las comercializadoras que suministran energía eléctrica ya que “no estábamos de acuerdo con el contrato existente y menos aún después de la subida”. El mantenimiento del alumbrado público prefiere sacarlo a licitación. La idea pasa por agilizar al máximo este último trámite “porque estamos en servicios mínimos y hemos notado problemas en diferentes zonas que se quedan sin luz y hemos detectado un gran deterioro en las luminarias”, añadió Paulo García. El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, cree que “factible” asumir este servicio de mantenimiento con medios municipales, “aunque seguro que no lo harán así”.
TRIENIOS.- Según el portavoz socialista, Ramón Canal, los trienios esgrimidos por la coalición de Gobierno PP-FORO, “no computan en el cálculo de coste de personal funcionario, porque no suman dentro de las limitaciones que establece la Ley, así que hay que hay que excluirlos del total”. De todas formas, si se tienen en cuenta los trienios, el coste de ambos gobiernos, el de la legislatura pasada y el actual, quedarían igualados, prácticamente a la par. “Así que después de tantos años criticando nuestros sueldos, ahora mismo vemos que la diferencia es muy pequeña. Aunque repito, con la Ley en la mano su coste es un nueve por ciento superior al nuestro”, añadió Canal.
Quien también se opuso a las retribuciones, pero por diferentes motivos, fue el portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas. Su rechazo tiene que ver, fundamentalmente, con la eliminación de la concejalía de igualdad. “Creemos que una lacra como la violencia machista, como la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, se merece una concejalía de igualdad que la haga mas visible para que quienes sufran esa violencia sepan a donde acudir”, explicó. Cangas cree que la supresión de esa concejalía obedece a un acuerdo de PP-FORO con el único concejal de VOX. También considera que los tres concejales liberados de forma parcial, al 50%, tienen responsabilidades con una importante carga de trabajo que requerirían de mayor dedicación.
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