Asturias recibirá en cuestión de semanas una primera propuesta para que asuma la gestión de las cuencas fluviales que discurren íntegramente por la región, una competencia que ya fue objeto de negociación hace más de una década bajo el mandato de Vicente Álvarez Areces, pero que no llegó a concretarse.
El documento sobre el que entonces se trabajó servirá ahora de base para que el Ministerio de Política Territorial haga una primera propuesta sobre los términos en los que puede plantearse una transferencia que, según ha advertido hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, no asumirá «a cualquier precio».
Aunque los equipos de ambas administraciones ya han empezado a trabajar, el inicio oficial de las negociaciones para asumir esta transferencia ha sido acordada en la reunión de la comisión bilateral de cooperación entre el Principado y el Estado que han presidido hoy en Oviedo la ministra Isabel Rodríguez y Barbón.
La transferencia de los recursos y aprovechamientos hidráulicos es una «vieja reivindicación del Principado, que llevaba tiempo planteándose si pedir o no», ha reconocido Barbón, que ha insistido en que dependerá de las negociaciones que ahora se abren si finalmente se asume esta área de gestión o no.
La ministra, por su parte, ha recordado que hace más de diez años que no se produce ninguna nueva transferencia de competencias a Asturias y que hoy han acordado «avanzar de manera legal y eficaz» en la de la gestión de los recursos hidráulicos.
El pasado mes de febrero, el parlamento autonómico había apremiado al Ejecutivo de Barbón, a que continuase los contactos con la Administración central para el traspaso de esta competencia, una de las pocas que quedan por asumir para completar lo previsto en el Estatuto de Autonomía.
La iniciativa promovida por IU, que contó con los votos a favor de todos los grupos, salvo PP y Vox, pedía que se asumiese «en el plazo más breve posible» y que tuviese garantizada una «adecuada financiación, salvarguardando los intereses de la comunidad».
En la negociación planteada en 2008, el Estado se había comprometido a transferir 6,85 millones de euros anuales en inversión y otros 630.000 para apoyar los gastos corrientes de la transferencia en la gestión de los ríos que nacen y mueren en la comunidad, ya que el Estado se reserva la gestión de las cuencas intracomunitarias.
Así, el Principado asumiría la gestión del 69 por ciento de las aguas que discurren por el Principado, todas salvo las de las cuencas del Eo y de Navia (compartidos con Galicia), Sella (compartida con Castilla y León) y Deva (compartida con Cantabria y Castilla y León), que seguirían en manos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Asimismo, la propuesta incluía la transferencia de los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos en las cuencas intracomunitarias, salvo en los casos que contase con la declaración de interés general del Estado.