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El exalcalde de Ponga, Cándido Vega, afronta cinco años de cárcel por prevaricación

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El exalcalde de Ponga, Cándido Vega, afronta cinco años de cárcel por prevaricación

La Audiencia Provincial acogerá mañana, viernes, el juicio contra el exalcalde de Ponga Cándido Vega, acusado de cargar facturas de carácter personal al ayuntamiento, un delito de prevaricación por el que la Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel y diez años de inhabilitación.

La Sección Segunda celebrará la vista oral en dos sesiones: la primera comenzará mañana y la segunda se reanudará el día 28 de este mes.

En el banquillo de los acusados se sentarán Cándido Vega, que ejerció como alcalde entre los años 2007 y 2013 con un gobierno de coalición URAS-PAS, y los entonces concejales Víctor Ibáñez y Ángel María Collado.

El Ministerio Fiscal imputa a estos dos concejales su presunta autoría en sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales y pide sendas penas de dos años y medio de prisión y nueve años de inhabilitación.

El exalcalde, a quien la Fiscalía aplica la agravante de reincidencia, tendrá que pagar, en caso de ser condenado, una indemnización al Ayuntamiento de Ponga de 18.743 euros, y de forma conjunta con los otros dos acusados, otra por importe de 8.993 euros.

La Fiscalía asegura que los hechos comenzaron en el año 2012, cuando Vega fue absuelto por un juzgado de Oviedo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y continuado de desobediencia y condenado por una falta continuada de desobediencia leve a un agente de la autoridad.

La Fiscalía y el Principado recurrieron la sentencia y la Audiencia Provincial estimó ambos recursos y le condenó a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, a otros seis meses de prisión por un delito de desobediencia y a un año de cárcel y a indemnizar a la administración en 37.185 euros por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

A partir de ahí, según consta en el escrito de la Fiscalía, Vega decidió que el ayuntamiento asumiera todos los gastos de honorarios de abogados y procuradores que intervinieron tanto por cuenta de él, como de los otros dos implicados en la causa, de su mismo partido político, y uno de ellos con vínculos de parentesco.

La secretaria-interventora emitió informes de reparo a las facturas que presentaba derivadas de los gastos originados por estos juicios, así como de otra resolución por la que había sido investigado por delitos contra la administración de justicia por unas amenazas que habría proferido contra un guarda que había actuado como testigo y que fueron sobreseídas.

Pese a que se trataba de una cuestión personal, el exalcalde a través de un decreto resolvió autorizar que el Ayuntamiento de Ponga se hiciera cargo de los gastos de los honorarios de un despacho de abogados y, haciendo caso omiso a los informes de la secretaria-interventora, siguió pasando facturas de “sus intereses particulares y de otras personas ajenas” a la actividad municipal.

La Fiscalía señala en el escrito de calificación que el alcalde dispuso el pago de varias minutas con cargo a los fondos del Ayuntamiento, por importe total de 20.396 euros, por comidas y taxis.

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