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A consulta pública la reforma de la Ley para regular las viviendas de uso turístico

Sociedad
A consulta pública la reforma de la Ley para regular las viviendas de uso turístico

El Gobierno asturiano ha sacado a consulta pública de la reforma de la Ley de Turismo, un trámite que busca recabar la opinión de la ciudadanía, las organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del futuro proyecto normativo que busca, entre otros objetivos, regular la inspección y el régimen sancionador con especial atención a la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional.

Las aportaciones se pueden realizar hasta el 26 de febrero a través del correo electrónico participa@asturias.org y al tiempo que se lleva a cabo este proceso, el Principado ya trabaja en la modificación de la normativa correspondiente tanto a nivel de decreto como de ley, reformas que requieren requieren de la colaboración de los ayuntamientos puesto que afectan a algunas competencias municipales.

La cuarta reforma de la Ley de Turismo busca dar respuesta a una necesidad prioritaria y regular determinados aspectos por su incidencia en los ámbitos social y ambiental, que requieren de una protección del entorno urbano y del derecho a la vivienda.

Así, las principales modificaciones que se incorporarán tienen como objetivos establecer como principios de la acción turística la sostenibilidad, la autenticidad, la identidad regional y la calidad de los recursos y servicios e incorporar con rango de ley las viviendas de uso turístico como modalidad de alojamiento.

Además, la futura normativa regulará la inspección y el régimen sancionador, con especial atención a la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional, que en la actualidad se canalizan fundamentalmente a través de medios electrónicos.

Tras las medidas puestas en marcha para mejorar la detección de los pisos ilegales y el refuerzo de la inspección, el cambio de la normativa busca dar un paso más en la nueva regulación de las viviendas turísticas a partir «del rigor y el diálogo con todos los agentes implicados”, según el Gobierno, que aspira a llegar al límite de lo que permita la ley para asegurar «un modelo sostenible y de calidad”.

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