Alrededor de medio millar de personas se ha concentrado hoy frente a la sede de la Delegación de Asturias en Oviedo para protestar contra la aprobación por el Gobierno central del Real Decreto que regula los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que incluyen como uso potencial del mar la implantación de parques de generación de electricidad frente a la costa española.
Entre ellos se incluye el litoral asturiano, donde se encuentran tres de las ocho áreas identificadas en la demarcación noratlántica -dos en la comarca occidental del Principado y otra frente a Gijón- que contarían con espacio marino suficiente para albergar esta capacidad.
Contra esa posibilidad, y pese a la lluvia, se han manifestado en la ovetense Plaza España varios centenares de personas, que daban continuidad así a la protesta llevada a cabo la pasada semana en A Coruña, convocadas en ambos por las federaciones de cofradías y por la plataforma en defensa de la pesca y de los ecosistemas marinos.
Junto a los pescadores, a la protesta se han sumado representantes de partidos como el PP, entre ellos su secretario general y cabeza de lista por la circunscripción occidental, Álvaro Queipo, y su homólogo en la oriental, Luis Venta, además del presidente del PP de Ribadesella, Paulo García. También de Foro, cuya presidenta, Carmen Moriyón, ha acudido a la concentración acompañada por su secretario general y candidato autonómico, Adrián Pumares y la representante en Ribadesella, María José Bode, entre otros.
También ha destacado la representación llanisca. encabezada por el patrón mayor Angel Batalla, un buen número de marineros y profesionales de la mar y varios representantes del gobierno local. En concreto, Xuan Valladares, Juan Carlos Armas, Lucio Carriles y Marián García de la Llana. Este grupo portaba una pancarta con el eslogan ‘La turbina con la pesca termina’.
Para Alvaro Queipo, la reivindicación de los pescadores es «justa» dado que no es razonable que el Gobierno haya aprobado un plan de ordenación sin un consenso previo sobre donde se puede implantar la energía eólica marina y le ha emplazado a recapacitar y a dar marcha atrás tras haber generado un problema para un sector importante pese a que se partía de un consenso «amplio».
Por su parte, Pumares ha avanzado que trasladará una iniciativa en el último pleno de la Junta General pidiendo la revocación del Real Decreto del Gobierno central y ha considerado «un insulto» la postura expresada el consejero de Industria del Principado en su reciente comparecencia.
Según el presidente de la Federación Asturiana de Cofradías, Adolfo García, en este proceso no se ha contado con el sector pesquero, tampoco en el ámbito autonómico, y ha rechazado la versión que apunta a una escasas afectación de esas plataformas al sector a la vez que ha recordado que tienen solicitada una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón.
García ha señalado que el único precedente es el de los parques eólico-marinos instalados ya en la costa portuguesa «y la experiencia demuestra que donde se implantaron no hay pesca» a la vez que ha criticado que la distribución territorial fijada supondrá expulsar a los pescadores de doce caladeros en el litoral asturiano.
A pesar de que los POEM reservan un espacio limitado para la eólica marina, con 19 polígonos en una superficie que representa el 0,46 % del espacio marítimo, en la zona noratlántica se prevé la instalación de ocho parques y, en el caso de Asturias, fijan tres zonas para la posible instalación de aerogeneradores que suman 334 kilómetros cuadrados sobre un total 10.000 por lo que el 97 por ciento queda libre de ese uso, según el Ejecutivo asturiano.
Además, esas instalaciones, según el Gobierno del Principado, ocuparán el mínimo espacio exigible en el litoral de una región en la que la construcción de componentes genera 1.500 empleos directos, y en breve se llegará a los 2.000.
Asturias prevé tener instalados en 2030 parques eólicos marinos con una potencia de unos 700 megavatios que supondrán una inversión de más de 2.000 millones de euros.
En relación con este asunto, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha pedido al sector pesquero «calma y confianza» en la actuación del Ejecutivo central que está diseñando un plan de ordenación del espacio marítimo para que esas futuras instalaciones no se implanten «de una manera desordenada sino previa valoración de su impacto».
Según Losa, los intereses pesqueros son también fundamentales para el Gobierno de España y de ahí que haya impulsado un plan «necesario» dado que hasta ahora no había ninguna norma que regulara esas plataformas y que su instalación responda a un planteamiento a nivel europeo.
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