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El exalcalde de Ribadesella, Juan Ureta, se enfrenta a 2 años de prisión por un delito urbanístico

Ribadesella Sociedad

El que fuera alcalde de Ribadesella entre 1979 y 1994, Juan Antonio Ureta Sánchez, se enfrenta a una pena de dos años de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio, un delito urbanístico relacionado con las obras por él ejecutadas en la calle Transmarina de Ribadesella, en pleno barrio histórico de El Portiellu, sin ningún tipo de licencia. La vista oral, señalada en principio para el 20 de abril próximo en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Oviedo, podría quedar aplazada hasta nueva fecha al coincidir con otra vista a la que debe asistir el mismo representante del Ministerio Público, quien ejerce la acción penal.

La Fiscalía sostiene que Juan Ureta actuó como promotor de las obras denunciadas y que lo hizo “sin solicitar la preceptiva licencia, en fechas no concretadas, pero en todo caso son posteriores al verano de 2012”. Estas se ejecutaron en una parcela que es de su propiedad al 62,50%. Según explica el Ministerio Público en su calificación provisional, el exalcalde “comenzó a ejecutar unas obras de ampliación sobre la edificación preexistente, de dos plantas y otra edificación auxiliar de planta baja y cubierta plana, colindantes a un camino público de ancho variable”. Así lo hizo hasta que, por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2014, se acordó su paralización inmediata. Hasta ese momento, había levantado “una estructura de hormigón (pilares y forjado) con tres plantas de altura, adosada a la fachada sur de la vivienda unifamiliar preexistente”.

Además, la parte de la parcela citada en la que se llevaron a cabo los trabajos de ampliación se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Ribadesella, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 7 de diciembre de 1973, Decreto publicado en el BOE del 16 de enero de 1974. Se trata de una parcela calificada como suelo urbano, pero clasificada como edificación en itinerario, IT A-2 conforme las normas subsidiarias que rigen el municipio. Sin embargo, “ni se amparaban en licencia, ni se podrían amparar, pues resultan ilegalizables, tanto conforme a las normas subsidiarias del planeamiento, como por resultar de imposible informe favorable por parte de la Comisión de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias”, argumenta la Fiscalía.

Los hechos descritos por el Fiscal son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio al incumplir, entre otros, el artículo 319.1 del código penal. Por ese motivo, el Fiscal pide para Juan Ureta dos años de prisión y quince meses de multa a razón de 12 euros por día (5.400 euros de sanción). En caso de impago se le aplicará del artículo 53 del código penal. También pide su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y su inhabilitación especial para ejercer profesión o actividad relacionada con la promoción inmobiliaria por un período de dos años.

Juan Ureta carece de antecedentes penales, pero corre el riesgo de no librarse ni de las costas procesales ni de su responsabilidad civil. El Fiscal cree que también debe ser condenado a la demolición de la estructura de hormigón “ejecutada sin licencia e ilegalmente”. Esta demolición debe realizarse siguiendo el proyecto aprobado por los servicios técnicos municipales. Según ese informe técnico, el coste de la demolición ascendía en 2014 a la suma de 11.760 euros, cantidad a la que habrá que añadir los costes del proyecto, también a su cuenta.

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