Las cuatro organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur del pasado 29 de enero -ASAJA Asturias, COAG Asturias, URA y USAGA- exigen la revocación inmediata de todas las multas impuestas por la Delegación del Gobierno en Asturias a los participantes en la concentración de La Franca. Además, anuncian que estudian interponer recursos contencioso-administrativos.
Las organizaciones han hecho frente común tras comprobar las graves irregularidades en los expedientes sancionadores. Denuncian que la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, utiliza las sanciones para «coartar el derecho de reunión y manifestación, tutelado por la Constitución y por la Ley Orgánica 9/1983» y, a la vez, «recaudar fondos para las arcas públicas».
Una vez revisados los expedientes administrativos de todos los sancionados, se comprobó que en las notificaciones de multa recibidas no se detallaron los hechos imputados. En dichos expedientes únicamente figura un escrito de denuncia redactado por los agentes, sin adjuntar prueba gráfica alguna: ni fotografías de cámaras ubicadas en las inmediaciones de la rotonda de acceso a la autovía ni del propio acceso. Es decir, no existe soporte probatorio de los hechos denunciados.
Lo que resulta aún más grave es que todas las denuncias son idénticas para cada uno de los sancionados. Un «copia y pega» en toda regla. “Pero lo más preocupante son las falsedades que recoge el acta de denuncia. Se afirma que se dio lectura del acta a los intervinientes, que se entregó copia y que el interesado la rechazó, cuando todas esas aseveraciones son falsas”, dicen las organizaciones en un comunicado.
Existe además otro “error de bulto”: todos los sancionados fueron identificados entre las 13:00 y las 13:15 horas en el parking del Restaurante La Parra, precisamente el lugar autorizado para la concentración. “Recordemos que fue justo en esa franja horaria cuando se produjo el corte de la autovía. Por tanto, las personas sancionadas no pudieron participar en el mismo”.
Estas “incongruencias y defectos de forma detectados demuestran que solo se busca sancionar de forma indiscriminada y cercenar el derecho a manifestarse”, señalan las organizaciones.
Por todo ello, reclaman a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, la revocación inmediata de todas las multas impuestas de forma indiscriminada a los concentrados en el Hotel La Parra, en La Franca (Ribadedeva) y exigen una reunión urgente para trasladarle el malestar del sector y exigir la retirada de unas sanciones «injustas y desproporcionadas».
Las cuatro organizaciones han echado en falta un pronunciamiento de apoyo de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que pareció apoyarnos en las movilizaciones contra Mercosur, participando incluso el Consejero en la manifestación de Oviedo. “No se han posicionado como sí lo han hecho otros partidos políticos sobre unas multas totalmente injustas y desproporcionadas.
Por último, frente a quienes reprochan a los convocantes que no defiendan a los sancionados, las cuatro organizaciones recuerdan que, “por desgracia, en otras movilizaciones los asistentes han tenido que costearse su defensa porque nadie los apoyó”. En este caso, aseguran, han puesto sus Servicios Jurídicos a disposición de todos los multados y preparan ya los recursos contencioso-administrativos necesarios para demostrar su inocencia.
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