El diputado del grupo parlamentario popular, Pedro de Rueda, ha acusado hoy al consejero de Movilidad y Medio Ambiente del Principado de “faltar a la verdad” en sede parlamentaria en relación con la regulación del PRUG y la prohibición del tren cremallera en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
De Rueda denunció que el consejero Alejandro Calvo “intentó justificar una decisión política como una obligación legal”, algo que calificó de “absolutamente falso” y “una tomadura de pelo a los asturianos”.
“El consejero afirmó que el PRUG se limita a cumplir la legalidad vigente. Y eso no es cierto. La ley permite excepciones y abre vías que el propio Gobierno ha decidido cerrar”, señaló. Y es que, tal como explicó, la Ley de Parques Nacionales, citada por el Ejecutivo, establece un marco garantista, pero no prohíbe de forma absoluta nuevas infraestructuras, siempre que estén justificadas. “No es una cuestión de legalidad, es una cuestión de voluntad política”, subrayó.
En este sentido, De Rueda apuntó directamente al artículo 34.1.d del PRUG como el verdadero obstáculo: “Es ese artículo el que prohíbe expresamente nuevas vías ferroviarias, trenes cremallera y estaciones de esquí. Ese es el ‘argayo’ que bloquea cualquier posibilidad”.
“El PRUG no sería ilegal si no incluyera esa prohibición. Lo que han hecho es introducirla de forma deliberada para impedir cualquier debate futuro”, añadió.
Además, el diputado popular advirtió de posibles problemas jurídicos derivados de esta decisión, recordando que la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad exige procedimientos específicos ante cambios sustanciales en la planificación, “procedimientos que el Gobierno no ha cumplido”.
De Rueda recordó también el precedente del PRUG de 2005, que fue anulado por defectos de forma, y alertó de que el actual documento “ya está recurrido en los tribunales, con serias posibilidades de correr la misma suerte”.
Cambio de criterio sin consenso.- El parlamentario criticó que el Gobierno haya modificado su postura sin consenso ni explicación técnica. Recordó que en 2017 la Junta General aprobó por unanimidad estudiar la implantación de un tren cremallera, y que incluso en 2023 el propio Ejecutivo se mostró abierto a analizar esta opción. “Han cambiado de opinión de manera unilateral, sin diálogo con el territorio ni con el principal ayuntamiento afectado, y sin aportar informes técnicos que lo justifiquen”, afirmó.
El diputado defendió que el tren cremallera es una solución alineada con las políticas europeas de sostenibilidad y ya implantada en espacios protegidos y patrimonios de la humanidad en Europa, así como en enclaves españoles como Montserrat. “Frente a eso, el Gobierno nos condena a un modelo basado en miles de desplazamientos en autobús, con mayor impacto ambiental”, criticó.
Por último, De Rueda concluyó que “el verdadero problema no está en la ley, sino en la forma de hacer política del Gobierno. Están bloqueando oportunidades para Asturias. Y el verdadero ‘argayo’ que frena nuestro futuro no está en la montaña, sino en su forma de gobernar”, finalizó.
