Una reciente sentencia de la sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado en el aire los cargos públicos y las retribuciones de aquellos concejales que en su día se convirtieron en ediles No Adscritos por transfuguismo. Esta sentencia afectaría directamente a Priscila Alonso, concejala del Ayuntamiento de Llanes que, en junio de 2019, abandonó el partido con el que concurrió a las elecciones municipales (IU) para pactar con Vecinos x Llanes, Foro y PP.
Según la sentencia, relativa a un caso similar localizado en el Ayuntamiento de La Font de la Figuera (Valencia), Priscila Alonso tendría que abandonar todos los cargos públicos que ostenta en el grupo municipal de gobierno y renunciar a las retribuciones que percibe por ellos al tratarse de «mejoras personales, políticas y económicas». Podría conservar su acta de concejal como edil No Adscrita pero solo para formar parte de la corporación y de las comisiones informativas. Es decir, en principio no afectaría a la actual composición del cuatripartito.
Tras hacerse pública la sentencia del TS, el Partido Socialista de Llanes se ha dirigido a la Secretaría Municipal del Ayuntamiento solicitando un informe jurídico al respecto para conocer el procedimiento que debe seguirse «para privar a la concejal de los derechos políticos y económicos (delegaciones, participación en la JGL, dedicación parcial, cargos discrecionales) que no le corresponden y no tiene derecho a ostentar y, en su caso, el procedimiento a seguir para revisar los acuerdos municipales correspondientes, así como cualquier otra consideración o consecuencia a que haya lugar en derecho».
AMPLIACIÓN.- Miércoles 11.11.2020
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llanes, José Manuel Herrero, estuvo este mediodía en la COPE explicando los motivos de su solicitud para que el Consistorio cumpla con la doctrina de la sentencia, pero también con «el acuerdo antitransfuguismo que todos los partidos tenemos que cumplir», dijo.
Según explicó, Priscila Alonso es uno de los teniente-alcaldes del Ayuntamiento, por lo que forma parte de la Junta de Gobierno Local. Además tiene delegadas las competencias de Medio Rural, Playas, Servicios Sociales y Juventud. Además, para cumplir con estas competencias cuenta con una liberación a tiempo parcial, del 43% de la jornada, por la que recibe unos 1.500 euros brutos mensuales en catorce pagas.
«En virtud de esta sentencia no podría tener ninguna delegación, ninguna competencia ni ninguna remuneración económica que fuese distinta a la situación anterior, por lo que el Ayuntamiento debe tomar las medidas oportunos para que la sentencia se cumpla», añadió José Manuel Herrero.
Priscila Alonso mantendría sus derechos político como concejal No Adscrita. Es decir, puede mantener su acta de concejal pero «no puede forma parte del Gobierno, ni tener competencias delegada ni recibir ningún emolumento económico por esas funciones mas allá de las que le corresponderían como miembro del pleno y de las comisiones informativas», afirmó Herrero.
A partir de aquí, el grupo municipal socialista actuación en función de lo que determine y resuelva la Secretaría Municipal a la que se le ha solicitado informe jurídico.
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