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Temor en Ribadesella a una batería de demandas judiciales

Política Ribadesella
Temor en Ribadesella a una batería de demandas judiciales

El procedimiento de expropiación forzosa por ministerio de la Ley iniciado por una promotora urbanística riosellana sobre una finca de 750 metros cuadrados de superficie ubicada en la Plaza Santa Ana ha dejado boquiabierto a más de uno. La propiedad ha valorado su parcela en 832.000 euros y esa es la cantidad que le reclama al Ayuntamiento de Ribadesella. Este, la ha rechazado en pleno con el voto unánime de la corporación y la ha valorado en 6.286 euros. Una diferencia abismal que, en principio, parece difícil de salvar por la vía del consenso.

El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, cree que el asunto “no tiene buena pinta” porque el promotor está reclamando “un dineral por un huerto que solo tiene acceso por el camino de Guía que en muchos de sus tramos no llega a los tres metros de ancho”. Pero además, la parcela en cuestión, tiene un escalón de unos 15 metros respecto a las construcciones de la Plaza de Santa Ana. Ante estas condiciones, Cangas considera que la valoración del promotor “no parece justificada, así que si no hay un acuerdo se irá a juicio”.

La Ley del Suelo de 1976 obliga a los ayuntamientos a expropiar aquellos terrenos calificados como Espacio Libre Público sobre los que no se materializa un aprovechamiento urbanístico en un plazo máximo de cuatro años. Transcurrido este tiempo, el propietario puede reclamar la expropiación. Ricardo Cangas no comparte los argumentos jurídicos de esa Ley, “pero mientras esté ahí hay que cumplirla”, tanto con este propietario como con el resto que pueda verse afectado.

En la Plaza Santa Ana hay nueve huertos que se encuentran en esa misma situación, aunque para evitarla el Consistorio ha iniciado un procedimiento urbanístico paralelo anexionándolos a una unidad de actuación prevista en la carretera de la estación. Si este tema no se resuelve favorablemente el Ayuntamiento de Ribadesella podría verse inmerso en una batería de contenciosos interpuestos por sus propietarios. Una acumulación de demandas a la que se podrían incorporar las procedentes de las empresas que puedan verse perjudicadas en la concesión del contrato del agua.

CONTRATO DEL AGUA.- Teniendo en cuenta que la corporación municipal ha rechazado en dos ocasiones la adjudicación del servicio a la empresa Valoriza Agua, el equipo de Gobierno teme que esta presente otro contencioso-administrativo. Fue la mejor valorada por la mesa de contratación y podría sentirse perjudicada si no consigue el contrato, aunque según Ricardo Cangas, también pueden ver lesionados sus intereses el resto de empresas que licitaron para hacerse con el servicio si éste se adjudica a Valoriza. “Tenemos que ser estrictos en esto, porque si no tenemos un juicio con Valoriza, podemos tenerlo con el resto”, añadió.

La oposición municipal (PSOE, Pueblu, PP y concejala No Adscrita) no acepta esa adjudicación porque la oferta económica de Valoriza supera los niveles de baja temeraria. Temen que pueda quebrar en un futuro, cuando vean que no le salen los números, dejando al concejo sin un servicio básico como el abastecimiento de agua. “Si no se han cumplido sus previsiones de consumo y abonados para 2017 y 2018 cómo nos vamos a creer que el resto de sus previsiones se va a cumplir”, añadió Ricardo Cangas.

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