La quinta sesión del juicio por el asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardines, que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo, ha vivido este martes momentos de tensión. Cuando un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participó en la investigación negó la existencia presiones o coacciones hacia el presunto sicario Djilali B. en su primera declaración, el procesado le interrumpió a gritos en tres ocasiones para rebatirle. A la tercera, el magistrado le ha expulsado de la sala.
El agente ha incidido en que las acusaciones de Djilalli B. son «mentira» y ha defendido que la UCO siempre trabaja desde la más estricta legalidad y en ningún momento se le presionó. “Va usted de bueno y no es así», le ha replicado el acusado mientras negaba insistentemente con la cabeza cuando abandonaba dando voces la sede judicial custodiado por un agente de la Policía Nacional.
En su testimonio, el sargento de la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la UCO añadió que no consta en las actuaciones ni una sola denuncia por presiones en su declaración y recordó que el letrado que le representa en el juicio es el mismo que le asistió tras su detención.
El agente reiteró que en los calabozos de todas las dependencias de la Guardia Civil hay cámaras de vigilancia, por lo que en el caso de que entendiera que hubo alguna irregularidad podrían haberlas pedido, ya que se conservan durante un mes.
En la quinta sesión de la vista oral con jurado popular que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Oviedo siguen declarando los agentes que participaron en la investigación del crimen cometido el 16 de agosto de 2018 en las inmediaciones de la vivienda del concejal en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría.
Línea sentimental.- El mismo agente afirmó que «la línea sentimental se vio clara desde las primeras averiguaciones» en el entorno personal de Javier Ardines. Se investigó el entorno sociolaboral y el vecinal, en los que no se halló «ningún indicio de criminalidad», por lo que a continuación se indagó en el entorno sentimental de la víctima. «Vimos clara la línea de investigación desde las primeras averiguaciones» en este ámbito, dijo el sargento. El punto de partida fue el audio que el presunto inductor, Pedro Luis N.A., grabó en diciembre de 2017 con su móvil en un restaurante para confirmar sus sospechas de la infidelidad de su esposa con el concejal.
El miembro de la UCO ha asegurado que el asesinato fue planificado el 27 de julio de 2018, día en que Pedro Luis N.A. y el supuesto intermediario, Jesús M., se desplazaron a Belmonte de Pría junto al argelino Djilali B. para darle instrucciones sobre los horarios y las costumbres de Ardines para cometer el crimen junto con su compatriota y también acusado Maamar K.
Piden la nulidad de sus declaraciones.- La defensa de uno de los presuntos sicarios acusado de asesinar al concejal de IU en Llanes, Javier Ardines, ha solicitado este martes la nulidad de las declaraciones de dos miembros de la UCO de la Guardia Civil por conversar con otros agentes que aún no han testificado en la Audiencia, pero el juez ha denegado su petición.
El letrado Fernando Barutell, que defiende al argelino Maamar K., uno de los presuntos autores materiales del asesinato, ha insistido en que las declaraciones que hoy han efectuado el teniente y el sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la quinta sesión del juicio con jurado debían ser anuladas.
El abogado ha afirmado que sólo así se podría garantizar su derecho a la defensa, ya que en un receso de la vista oral les había visto hablar con otros compañeros de la Guardia Civil que estaban pendientes de entrar en la sala de vistas a prestar su testimonio sobre los hechos.
El magistrado-presidente del jurado ha denegado “in voce” esta petición y ha indicado que no se invalidará ninguna declaración y únicamente ha recomendado a los testigos que no deben comentar el contenido de sus declaraciones formuladas en el interior de la sala. Tras el rechazo de su petición, el abogado defensor ha optado por dejar constancia de su protesta formal.
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