El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo ha condenado al Ayuntamiento de Ribadesella a indemnizar con 205.398 euros mas intereses a la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Sellamar Fase 2. La indemnización corresponde a los daños causados por los desprendimientos acontecidos en febrero de 2018 y enero de 2019 en el talud situado entre la carretera del faro y la urbanización. Tras escuchar a las partes, el tribunal considera que la responsabilidad patrimonial sobre esos daños es del Ayuntamiento y que, por tanto, este debe indemnizar a la comunidad afectada, absolviendo al resto de los demandados. El Ayuntamiento también tendrá que hacer frente a las costas judiciales con un límite de mil euros, aunque dispone de quince días para presentar recurso de apelación. El plazo finaliza el 27 de julio.
El alcalde, Ramón Canal, se mostró partidario de recurrir la sentencia, aunque ese paso sólo se dará si así lo determinan “los servicios jurídicos municipales y nuestro bufete de abogados en cuanto valoren la sentencia”. Confía en que “nos den la razón” en una segunda instancia. “Esto no es el final, sino el principio”, añadió. En cualquier caso, si el Ayuntamiento se viese obligado a abonar esa indemnización una vez agotada la vía judicial, el dinero no saldrá de las arcas municipales, porque tanto la responsabilidad civil como la patrimonial “las tenemos aseguradas y espero no tener ningún problema ya que el seguro también participó en el juicio, con lo cual tampoco es un drama excesivo”, añadió el regidor.
Canal no se esperaba una sentencia de estas características y tampoco está de acuerdo con ella. “Entendemos que la responsabilidad corresponde a quien hizo las obras y a quienes en su día talaron los árboles dejando desprotegido el talud”, afirmó. Por todo ello y después de un período de lluvias torrenciales, las aguas procedentes de la carretera del faro produjeron los desprendimientos que abrieron este contencioso, “pero ese bien, esa carretera no es nuestra, así que no compartimos que ahora nos hagan responsables”, añadió Ramón Canal.
El procedimiento administrativo vinculado a la Urbanización Sellamar Fase 2 se inició durante la pasada legislatura en la que el anterior equipo de Gobierno eludió desde un principio cualquier tipo de responsabilidad patrimonial sobre lo acontecido. A partir de ahí, la comunidad de propietarios afectada acudió a un contencioso-administrativo que acaba de ganar en primera instancia.
El tribunal le da la razón a la comunidad basándose en que el Ayuntamiento de Ribadesella había ejecutado con anterioridad a los desprendimientos obras de mejora en ese vial por un valor de 103.000 euros. De este modo, le atribuye “la titularidad de la carretera de facto, aunque no la tuviese de derecho”. En el Ayuntamiento no consta documento alguno que le confiera la titularidad de una carretera construida por el Estado para dar servicio al faro, aunque sí llevó a cabo labores de limpieza y mantenimiento para tenerla transitable para los vecinos de la zona. Ante esta situación, el tribunal entiende que el Ayuntamiento no canalizó adecuadamente las aguas pluviales, principal detonante de los desprendimientos mencionados.
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