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La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exalcalde de Ponga por cargar gastos personales al Ayuntamiento

Ponga Sociedad
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exalcalde de Ponga por cargar gastos personales al Ayuntamiento

La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para el exalcalde de Ponga, Cándido Vega, acusado de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por cargar al consistorio facturas de carácter personal por un importe superior a los 20.000 euros. Cándido Vega fue alcalde de Ponga en un gobierno de coalición URAS-PAS, entre los años 2007 y 2013.

El Ministerio Fiscal imputa además a dos de los concejales de su corporación, Víctor Ibáñez y Ángel María Collado, como presuntos coautores en sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales y para quienes interesa una pena individual de dos años y medio de prisión y nueve años de inhabilitación.

El exalcalde, a quien la Fiscalía aplica la agravante de reincidencia en el delito de prevaricación, tendrá que pagar, en caso de ser condenado, una indemnización al Ayuntamiento de 18.743 euros, y de forma conjunta con los otros dos acusados, otra por importe de 8.993 euros.

Los hechos por los que será juzgado, en una fecha sin determinar, arrancan en el año 2012, cuando Vega fue absuelto por un juzgado de Oviedo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y continuado de desobediencia y condenado por una falta continuada de desobediencia leve a agente de la autoridad.

La Fiscalía y el Principado recurrieron aquella sentencia y la Audiencia Provincial estimó ambos recursos y le condenó por prevaricación a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; por desobediencia a seis meses de prisión y por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a un año de cárcel y a indemnizar a la administración en 37.185 euros.

A partir de ahí, según la Fiscalía, Vega decidió que el ayuntamiento asumiera todos los gastos de honorarios de abogados y procuradores que intervinieron tanto por cuenta de él, como de dos palistas implicados en la causa, de su mismo partido político, y uno de ellos relacionado con vínculos de parentesco.

La secretaria-interventora emitió informes de reparo a las facturas que presentaba derivadas de los gastos originados por estos juicios, así como de otra resolución por la que había sido investigado por delitos contra la administración de justicia por unas amenazas que habría proferido contra un guarda que había actuado como testigo y que fueron sobreseídas.

Pese a que se trataba de una cuestión personal, el acusado, a través de un decreto, resolvió autorizar que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los gastos de los honorarios de un despacho de abogados y, haciendo caso omiso a los informes de la secretaria-interventora, siguió pasando facturas de «sus intereses particulares y de otras personas ajenas» a la actividad municipal.

La Fiscalía señala en el escrito de calificación que el alcalde dispuso el pago de varias minutas con cargo a los fondos del Ayuntamiento, por importe total de 20.396 euros, por comidas y taxis.

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