Quince asociaciones ecologistas de Asturias piden la creación de un sello de Eco-Coexistencia para entregar a cuantas personas o actividades promuevan la convivencia con el lobo frente a la enemistad. Esta es una de las cinco propuestas que han dirigido al Gobierno y a la Administración pública asturiana tras los “lamentables sucesos de salvajismo” del pasado viernes en San Juan de Beleño. Se refieren a la presencia de dos cabezas de lobo en la escalinata de acceso al Ayuntamiento de Ponga el mismo día que allí se reunía en Consejo de Gobierno.
Los quince colectivos piden reducir los daños como base fundamental de la gestión del lobo, promoviendo campañas informativas y ofreciendo asesoramiento científico-técnico y ayudas económicas adecuadas para fomentar su adopción. También reclaman un pago rápido de los daños, ajustado a los precios reales, “siempre fundamentado en la comprobación genética de la autoría del daño y condicionado a la adopción de medidas protectoras y preventivas de daños”.
Solo contemplan una posible extracción de lobos en aquellos casos en los que no fuera posible la adopción de medidas protectoras y preventivas eficaces, aunque “siempre referidos a individuos concretos y nunca mediante el establecimiento de cupos”.
Por último, quieren que el Gobierno de Asturias deje de eliminar y pase a defender la protección legal que permite que lo sucedido en Ponga sea considerado un delito. Igualmente reclaman a Alejandro Jesús Calvo Rodríguez, Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial que “rechace y condene públicamente y sin matices los actos violentos que se están llevando a cabo en las últimas semanas”.
En un comunicado recuerdan que las “brutales acciones de violencia” presenciadas en Ponga no es la primera vez que ocurren y lamentan que gocen de una “alarmante impunidad, falta de persecución (nunca se localizan a los culpables) y hasta justificación por quienes, ostentando cargos públicos, deberían velar por el interés general”.
Aunque el Presidente del Gobierno de Asturias haya condenado lo sucedido, también le recuerdan que ese tipo de sucesos son un delito medioambiental gracias a la protección legal otorgada por la inclusión de la especie en el LESPRE, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Un hecho que el mismo Gobierno de Asturias pretende eliminar mediante acciones judiciales.
Y en relación al Plan de Gestión del Lobo defendido por el Ejecutivo asturiano y basado en la premisa de “matar lobos para reducir daños” las quince asociaciones ecologistas aseguran que es un planteamiento “equivocado” porque todos los estudios científicos que ellos manejan indican que “matar individuos no reduce daños, sino que aumenta daños a continuación salvo que se mate a un gran porcentaje de la población que ponga en riesgo la viabilidad poblacional de la especie”.
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, el Colectivo Ecologista de Avilés, Prolobos Asturias, Grupo Naturalista Mavea, Asociación de Animales con Derecho y Libertad, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, Ereba Ecología y Patrimonio, SOS Cuideiru, Asociación Medioambiental la Cirigüeña, Movimiento Liberación Animal Asturias, Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental, Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies, Teachers for future, Asociación Geotrupes y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantabrica apuestan por medidas de prevención
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