La Asociación Nacional de Anguleros Ibéricos ya está estudiando la adopción de medidas legales contra la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica que pretende dar la máxima protección a la anguila introduciendo este pez anguiliforme en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esta medida pondría fin a una pesquería que, en Asturias, solo ejercen 150 pescadores durante 30 días al año, así que “poco daño podemos causar a la especie”.
La asociación entiende que la prohibición de la pesquería de la angula supondrá un agravio comparativo con otros países como la vecina Francia donde el volúmen de capturas es infinitamente superior. Según los datos que maneja el vicepresidente de la asociación en Asturias, Manuel Fernández Salinas, “en Francia pescan en un año lo que aquí pescamos en diez”. Mientras los vecinos galos pescan “alrededor de 60 toneladas al año, aquí estamos entre una y dos toneladas y en el Miño en 600 ó 700 kilos”.
Es decir, si la pesquería solo se veda en España y en Francia la mantienen no se resuelve el problema de sostenibilidad que pueda tener la especie “porque la angula viene toda del mismo stock y habría que aplicar una medida global en el ámbito de la Unión Europea”. Esa medida global, la protección total de la anguila (angula) se puso a votación en el último Consejo Superior de Pesca de la Unión Europea, en el mes de noviembre pasado y fue rechazada con 100 votos en contra, 30 a favor y 8 abstenciones. Así que su inclusión unilateral en el Lespre por parte del Estado español “es por pataleta de nuestro ministerio”, añadió Salinas.
Creen además que se trata de una “cortina de humo” lanzada por el Ministerio para “ocultar su fracaso” en la aplicación de un plan de explotación de la especie que va camino de los veinte años de existencia. Un plan en el que solo se ha aplicado una de sus medidas, la reducción de la presión pesquera. Del resto no se ha hecho nada. Ni se han quitado barreras, ni se ha luchado contra la contaminación ni se han realizado migraciones asistidas ni repoblaciones.
Los pescadores del Miño, los pescadores de Asturias, de Cantabria, del País Vasco y de Cataluña (Delta del Ebro) dudan que la medida planteada por el Ministerio de Transición Ecológica sea legal. Por ese motivo valoran la adopción de medidas legales contra la total protección de la especie.
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