Un estudio elaborado por el observatorio ‘REGIOlab’ de la Universidad de Oviedo destaca que la mayor parte de las zonas tensionadas de Asturias por el elevado precio de la vivienda, están en el oriente. El motivo, la presión turística y el alto número de inmuebles que se destinan al alquiler como vivienda vacacional.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el oriente de Asturias están censadas a día de hoy 2.582 viviendas vacacionales que aportan 13.557 plazas de alojamiento a la oferta turística comarcal. Ahora bien, la inmensa mayoría, el 42,8% del total, están ubicadas en el concejo de Llanes, que suma 1.107 viviendas que suponen 5.853 plazas de alojamiento.
Le siguen Cangas de Onís con 347 viviendas vacacionales (1.730 plazas) y Ribadesella en tercer lugar con 304 viviendas vacacionales que suman 1.605 plazas.
En el caso concreto de Ribadesella, 94 de las 304 viviendas están ubicadas en la capital del concejo (pisos turísticos), 68 en la sección occidental (Berbes-Leces), 60 en la sección centro (Sebreñu), 52 en la oriental (Collera) y 30 en la sur-oriental (Santianes).
Aunque el número de viviendas vacacionales en el concejo de Ribadesella equivale al 4,89% de las construidas, este municipio está pensando en regular y limitar la concesión de ese tipo de licencias para bajar los precios al alquiler y favorecer el necesario incremento demográfico, en claro retroceso desde hace trece años. Así lo han planteado esta semana varios representantes políticos. Entre ellos, el alcalde Paulo García (PP), Ramón Canal (PSOE) o Ricardo Cangas (Pueblu).
Lo mismo piensa la Asociación Riosellana de Turismo Rural (ARITUR). Es más, su presidente cree que las 304 viviendas vacacionales registradas por el INE “son las que están regladas, porque puede haber otras tantas sin reglar”, afirmó Sabino Martínez. Es decir, el problema es mucho mayor de lo apunta el INE, “así que hay que hacer algo, esto hay que limitarlo, porque a no tardar va a ser imposible alquilar un piso en este concejo por los altos precios”. Martínez cree que los municipios turísticos deberían haber actuado “mucho antes” y teme que el problema “se nos haya ido de las manos”.
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